Puertas giratorias para los ex cargos del PP

Ander Cortázar
El fichaje de la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría por Cuatrecasas es la última incorporación de un ex alto cargo del Ejecutivo de Mariano Rajoy en una empresa privada. Antes que ella fueron decenas de personas próximas al expresidente las que cruzaron el puente que une lo público de lo privado. Desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa, ese trasvase se ha agilizado y son decenas de ex altos cargos los que se han pasado a la privada en el último año.Sáenz de Santamaría ha fichado por una empresa dirigida por Emilio Cuatrecasas, que, se libró de la cárcel por un pacto con Fiscalía y Abogacía del Estado cuando su nuevo fichaje todavía era vicepresidenta del Gobierno

No obstante, la Oficina de Conflicto de Intereses ha considerado que no existe ninguna incompatibilidad en el nuevo cargo que ostenta Soraya Sáenz de Santamaría. Tampoco lo consideró cuando varios ex ministros de Mariano Rajoy solicitaron autorización para ejercer en la empresa privado.Román Escolano, ex ministro de Economía, obtuvo el ‘sí puedes’ del Ministerio de Presidencia cuando pidió trabajar en la consultora Ernst & Young (EY) nada más salir de la cartera ministerial.

El ex ministro de Justicia, Rafael Catalá, por su parte, recibió autorización para ejercer en varias empresas privadas diferentes, como Legalitas, el Atlético de Madrid, y el despacho de abogados Herbert Smith Freehills, donde finalmente recaló.

Iñigo de la Serna, el último ministro de Fomento de Mariano Rajoy, fichó por la compañía Amrop Seeliger y Conde, dedicada a la búsqueda de talento directivo. Además, María Dolores de Cospedal vio truncado su fichaje por el bufete de abogados Hogan Lovells una vez que las grabaciones del excomisario Villarejo salieron a la luz.

En total, cuatro de los trece ex ministros de Rajoy ya ejercen en la empresa privada.

Nuevas ‘puertas’ después de Sánchez

Julio Gómez- Pomar, hasta junio de 2018 secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, fue uno de los primeros que recibió el visto bueno de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en el sector privado una vez que se fraguó la moción de censura contra Mariano Rajoy. En su caso obtuvo ‘luz verde’ para ejercer en la escuela de negocios Instituto de Empresa.

Agustín Conde, secretario de Defensa durante los dos últimos años del Ejecutivo de Rajoy, ha sido de los últimos en incorporarse a la empresa privada.  Conde recibió la autorización de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en una empresa privada (Escribano Mechanical & Inginiering S.L ) dedicada al negocio armamentístico.

Según informaron fuentes del ministerio de Presidencia a este diario, Conde obtuvo el permiso para trabajar en esta empresa “porque no ha adoptado decisiones en relación a ella a lo largo de su función pública”.

Cabe recordar que la ley contra las ‘puertas giratorias’ establece que “durante un periodo de dos años tras el cese, los altos cargos que quieran prestar servicios en entidades privadas afectadas por decisiones relacionadas con el cargo desempeñado deben solicitar y obtener la autorización de compatibilidad por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses”.

Los altos cargos son fichajes muy codiciados en sociedades privadas por su capacidad de influencia ante los resortes con más poder de cada sector. Así llegó la ex secretaria general de Industria y Pymes, Begoña Cristeto, a la consultora KPMG y el ex secretario general de Administración de Justicia, Antonio Dorado, a la Universidad Pablo de Olavide (reingreso).

Isaac Martín Barbero, ex presidente de Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco) y Miguel Contreras Manrique, ex presidente de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEPSE), recibieron el sí de la Oficina de Conflicto de Intereses para trabajar en Cabify (Maxi Mobility Spain S.L.) y Contraner Ingenierías y Proyectos, respectivamente.

Por su parte, Gregorio Izquierdo Llanes, ex presidente del Instituto Nacional de Estadística, ha recalado en la CEOE mientras que Pablo Zalba Bidegain, ex presidente del Instituto de Crédito Oficial, lo ha hecho en Deloitte.

Jorge Pipaon Pulido, ha pasado de trabajar en el Ministerio de Hacienda a poder hacerlo en Toda & Nel-Lo Abogados, el expresidente de Aena, Jaime García-Legaz, recibió el sí para entrar en la compañía Día, S.A.y Colas, y el ex secretario de Estado de Empleo y asesor de Economía del PP en el Congreso, Juan Pablo Riesgo, recibió la autorización pertinente para formar parte de la consultora EY Abogados.

David Martínez Fontano, ex presidente de MERCASA, ha entrado como directivo en MAKRO Autoservicios S.A., Francisco Javier Cuesta Nuin, ex presidente de Correos ha hecho lo propio en el Grupo Aleatica México, Elvira Rodríguez, ex presidenta de TRAGSA trabaja ahora para Renault y Eva Valle, ex directora de la oficina económica de Rajoy, en la empresa QED Economics.

 

Comentarios
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quid pro quo   |2019-03-12 11:13:07
y Sánchez aplaudiendo con las orjas por omisión, porque no ha hecho una refrma
de calado pese a tanta promesa
Alf   |2019-03-12 11:15:41
creía que tenía que pasar cierto tiempo, un par de años, antes de que un alto
cargo recibiera el favor que anteriormente había hecho a una empresa y se le
contrtara
poca verguenza   |2019-03-12 11:17:27
favor con favor se paga, peo no cuando es favoritismo público
elpiratarobert   |2019-03-12 11:19:56
en cuanto el psoe pierda en avril las elecciones se pondrán en marcha las
puertas giratorias para ellos, que se lo digan a Mister X, que no ha hecho otro
oficio
soraya incumple   |2019-03-12 11:31:42
el 30 de marzo de 2015, el Gobierno de Sáenz de Santamaría modificó la
ley de incompatibilidades.

Así, en el artículo 15 de la Ley
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado se prohibió expresamente a los altos cargos ejercer en
una empresa privada durante dos años si alguna de las decisiones
tomadas como alto cargo afecta a dicha empresa.

“Los altos cargos,
durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no
podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado
afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibición se
extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que
pertenezcan al mismo grupo societario”, reza.
soraya incumple   |2019-03-12 11:31:43
el 30 de marzo de 2015, el Gobierno de Sáenz de Santamaría modificó la
ley de incompatibilidades.

Así, en el artículo 15 de la Ley
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado se prohibió expresamente a los altos cargos ejercer en
una empresa privada durante dos años si alguna de las decisiones
tomadas como alto cargo afecta a dicha empresa.

“Los altos cargos,
durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no
podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado
afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibición se
extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que
pertenezcan al mismo grupo societario”, reza.
soraya incumple   |2019-03-12 11:31:44
el 30 de marzo de 2015, el Gobierno de Sáenz de Santamaría modificó la
ley de incompatibilidades.

Así, en el artículo 15 de la Ley
reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado se prohibió expresamente a los altos cargos ejercer en
una empresa privada durante dos años si alguna de las decisiones
tomadas como alto cargo afecta a dicha empresa.

“Los altos cargos,
durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, no
podrán prestar servicios en entidades privadas que hayan resultado
afectadas por decisiones en las que hayan participado.

La prohibición se
extiende tanto a las entidades privadas afectadas como a las que
pertenezcan al mismo grupo societario”, reza.
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