Los tres grandes retos de las ciudades; la desigualdad, la desigualdad, y la desigualdad.

Cándido Marquesán

Vivimos en la edad de las ciudades. La ciudad lo es todo para nosotros, nos consume y por esa razón la glorificamos. Onookome Okome. Para el geógrafo Oriol Nel-lo, las ciudades  tienen que hacer frente a tres retos fundamentales: la desigualdad, la desigualdad y la desigualdad. La podemos observar directamente en nuestra querida Zaragoza, transitando por diferentes barrios. Hacerlo sólo por el Centro, por Fernando el Católico, Gran Vía, Independencia y Constitución,  nos proporciona una visión muy parcial. Hay que hacerlo también por Las Fuentes, Torrero, Oliver, El Gancho, etc. Hay muchas Zaragozas.

Un reciente informe realizado por Ebrópolis y el Grupo de Estudios de Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza nos muestra la desigualdad. Las rentas más altas se concentran en el Centro, en el entorno de Casablanca y en el distrito Universidad, y las más bajas en Las Fuentes, Torrero-La Paz, Miralbueno y Delicias. Entre ambos extremos hay una diferencia de más de 8.000 euros por persona y año, ya que la renta media en el Centro es de 17.846, frente a los 9.599 de Las Fuentes.

Pero además de la desigualdad en las ciudades aparecen el desempleo, la pobreza y la exclusión social que la Recesión ha incrementado. El gobierno, y sus predicadores nos dicen que ya estamos fuera de la Recesión. Y sin embargo, España sigue teniendo riesgo de pobreza y exclusión social. Según los últimos indicadores publicados por Eurostat, con motivo del  Día Internacional de Erradicación de la Pobreza celebrado el pasado 17 de octubre de 2017, la tasa se disparó entre 2008 y 2016 más de cuatro puntos, lo que sitúa a España en el séptimo país de la UE con mayor riesgo, solo superado por Bulgaria, Rumanía, Grecia, Lituania, Croacia y Letonia.

Según un estudio de CCOO, 84.000 nuevas personas pobres en Madrid en solo un año. Tal incidencia en el ámbito urbano, y especialmente en  algunos barrios se explica porque la crisis del sector inmobiliario ha afectado con mayor intensidad a aquellas regiones, en las que el avance del proceso urbanizador había generado mayor actividad y empleo vinculado a la construcción. En estos barrios multiculturales se agudizan los procesos de segregación social, de envejecimiento de la población, de escasez de infraestructuras y equipamientos sociales,  de la obsolescencia de muchas viviendas, de desempleo, precariedad, donde el llamado “quinto vagón”, que emerge en nuestras sociedades opulentas, va más cargado.

Por ello, las ciudades tienen ante sí grandes retos  para atender a las necesidades de vivienda, educación, deporte, cultura; gestionar grandes infraestructuras de transporte urbano, llevar a cabo políticas de generación de empleo para potenciar la cohesión social. La escala de los Estados no es la adecuada para enfrentarse a  los muchos y graves problemas de la población urbana, como señalan Antonio Ariño y Juan Romero en su libro La secesión de los ricos.Y además un tema fundamental, el de la sostenibilidad ambiental, un ejemplo de las tensiones entre el Estado y las ciudades, movidos por intereses contrapuestos. Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Granada superan los límites de óxidos de nitrógeno establecidos por la Unión Europea.

Al Estado le da igual, ya que le preocupa mucho más  defender los intereses de la industria del automóvil y sus puestos de trabajo, que la salud de sus ciudadanos. Pero la rivalidad Ciudad- Estado es más amplia.  Según J.M. Martí Font en La España de las ciudades,  los Estados tratan de controlar el territorio y consideran a las ciudades como unos rivales en ese objetivo. En España el Estado y las administraciones autonómicas no soportan la competencia de otros poderes paralelos, como el de las ciudades. Por ello, dotar a las ciudades de personalidad política e institucional, concederles capacidad de gestión y autonomía financiera, supondría renunciar a controlarlas. De ahí, su control asfixiante a nivel presupuestario por el Ministerio de Hacienda y Administración Pública.

La Constitución de 1978 no contempla la existencia de ciudades, no tiene ningún capítulo dedicado a ellas. Absortos y preocupados por resolver el problema territorial de las nacionalidades históricas, Euskadi, Cataluña y Galicia, los padres de la Constitución establecieron las Comunidades Autónomas, que también se han impregnado de las prácticas del Estado: el control del territorio. No pensaron en el espacio urbano ni en las grandes conurbaciones. Todavía más grave, mantuvieron la obsoleta división provincial de Javier de Burgos de 1833, con sus instituciones del XIX, las diputaciones provinciales.

Que las grandes ciudades encajan también mal en la estructura autonómica lo podemos observar en las constantes tensiones entre Zaragoza y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón. Mas, tras muchos años de tiras y aflojas el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó el anteproyecto de la ley de capitalidad, que reconoce el modelo de "ciudad-capital" que el propio Estatuto de Autonomía de 1982 marca para Zaragoza, y que incluyó una dotación, por varios conceptos, de 21,5 millones de euros para 2017. Y otro ejemplo  en Cataluña, ya que en 1987 con Jordi Pujol el Parlament aprobó  la Ley de Ordenación Territorial que eliminaba el Área Metropolitana de Barcelona.

El enfrentamiento de ciudades con instituciones estatales o autonómicas se incrementó con la llegada de los Comunes tras las elecciones municipales de 2015 a determinados Ayuntamientos, que han querido revitalizar las instituciones municipales, al considerar que la escala de los Estados no es la adecuada para enfrentarse a  los muchos y graves problemas de la población urbana.

Siendo tantas las necesidades de las ciudades no pueden atenderlas por sus estrecheces presupuestarias. Como señala Martí Font, la distribución del gasto público en 1980, antes de que arrancara el proceso de descentralización, era del 88% para el Estado y un 12% para los municipios. Dos décadas más tarde la parte municipal era del 15%. Ahora tras la crisis el reparto es 50%-•38%-12% (Estado-Comunidades Autónomas-Ayuntamientos) y según algunos economistas los entes locales no llegan al 10%. En Suecia el Estado gestiona el 40% del gasto público y el ámbito local el 60%.

Quiero terminar con las palabras de inicio del libro de Martí Font, que nos pueden servir como motivo de reflexión para entender mejor lo expuesto en las líneas precedentes. “Donald Trump no ganó en ninguna ciudad de más de un millón de habitantes. Sus vecinos de Manhattan le detestaban tanto que solo le votó el 10%. Peor aún les cae en Washington, donde obtuvo el 4,1%. En el Reino Unido, los londinenses, al contrario que sus compatriotas, votaron abrumadoramente por seguir en la Unión Europea”.

Me he referido al tema de las ciudades españolas. Mas, no deberíamos olvidar como escribió en 2008, Mike Davis, que el crecimiento humano era inviable, sobre todo porque se iba a darse en el Sur Global: “El puro ímpetu demográfico, aumentará la población urbana del mundo de 3.000 millones de personas en los próximos 40 años (90 por 100 de en ciudades pobres), y nadie, absolutamente nadie, incluidos los eruditos de la izquierda, tiene idea de cómo un planeta de tugurios o barrios bajos de chabolas (slums), con crecientes crisis de alimentos y energía, acomodará la supervivencia de esta población.

Si para 2050, como dice Joseba Gabilondo, podemos esperar una población mundial de 9.000 millones, de los cuales el 90 por 100 vivirá en ciudades pobres, el fenómeno que  ya vemos en ciudades como México, Lagos, Yakarta o Mumbai será predominantemente en el futuro: lo que el propio Davis ha denominado Planeta de ciudades miseria (slums) (2014), es decir, ciudades compuestas por barrios pobres y desorganizados. Y no hace falta decir, que estos barrios pobres y desorganizados, que ya existen en esta España nuestra, un ejemplo el barrio de las 3.000 viviendas en Sevilla, se incrementarán en el futuro mientras sigamos inmersos en este auténtico infierno neoliberal.


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