Cursos y congresos: elementos clave para entender la presunta corrupción judicial de España

José Antonio Gómez

Tal y como publicamos el Estado español ha sido denunciado ante la Comisión Europea por corrupción judicial sistémica. La denuncia, a la que hemos tenido acceso, parte de los datos del Eurobarómetro que constatan el amplio descredito de la Justicia entre la ciudadanía, que cada año va en aumento y muestra de ello es que la mayoría «considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica», afirma la denuncia. Esa desconfianza en la Justicia tiene diferentes causas como las presiones políticas y las injerencias o presiones de intereses económicos.

La denuncia incide en el hecho de que el problema se encuentra en que, a pesar de las constantes denuncias de la ciudadanía y de los abogados, el Consejo General del Poder Judicial, el encargado de sancionar las conductas presuntamente corruptas de los jueces, archiva todas las quejas presentadas «en una clara muestra de su corporativismo, haciendo inútil cualquier tipo de denuncia de corrupción contra los jueces que sistemáticamente “caen en saco roto” y quedan impunes sin sanción.

Tan grave es la situación de corrupción de los jueces y su órgano de gobierno, el CGPJ, que una asociación de ciudadanos se vio en la necesidad de denunciar al CGPJ “por corrupción sistemática y prevaricación permanente”», se afirma en el documento.

Otro aspecto en el que incide la denuncia como elemento clave para entender esa presunta corrupción judicial es el patrocinio y el pago por parte de las grandes corporaciones y bancos de cursos, conferencias y congresos en los que participan jueces, magistrados y fiscales. El documento es claro en este sentido: «Diversas fuentes tanto de la Judicatura como exmiembros del Banco Santander reconocen que otra forma de pago de los favores judiciales serían las ponencias en conferencias, cursos y congresos organizados con el patrocinio del Banco Santander; que en muchas ocasiones comparten con los abogados de los grandes despachos».

El mecanismo, según se indica en la denuncia, es simple y se utiliza a las organizaciones organizadoras de esos cursos como intermediarias puesto que si los pagos se hicieran directamente desde el Santander al profesional de la Justicia sería un escándalo. «La forma de obviar el pago directo al juez o magistrado sería mediante el patrocinio ya que el Banco Santander patrocina a una u otra universidad que es la que organiza las jornadas, el ciclo de conferencias, las ponencias o los cursos y es la que paga directamente al magistrado que dicta la conferencia. De esta manera se interpondría entre el Banco Santander y el magistrado a la universidad como intermediaria para tratar de obviar el pago directo entre el banco y el magistrado, todo ello mediante un presunto fraude de ley», afirma el documento.

¿Hacia dónde apunta el dedo?

La denuncia hace referencia a fuente del propio Santander que cuentan el modus operandi de los presuntos ofrecimientos a magistrados, jueces y fiscales a los que se les brinda «la posibilidad de dar conferencias muy bien retribuidas en congresos y cursos, muchos de ellos patrocinados por el Santander, y ventajosos estudios para sus hijos que podrían ser después colocados en el Banco Santander o entidades amigas. Téngase en cuenta que el banco, a través de Santander Universidades, tiene convenios con 1.045 universidades de todo el mundo desde hace más de 20 años», afirma la denuncia.

Además, pone como ejemplo las «coincidencias o meras casualidades» de cómo los hijos de los ex magistrados José Luis González Armengol y Luis Martínez Salinas están trabajando en Santander Corporate & Investment Banking y Altamar Capital Partners, respectivamente.

Otra «coincidencia» puesta de manifiesto en la denuncia presentada ante la Comisión Europea es la del «exmagistrado y vicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas que, el mismo día 12 de junio de 2013 en que se declaraba su cese por RD 417/2013 inadmitía un recurso de amparo, inadmisión que beneficiaba al Banco Santander que había sido defendido, en la casación ante el Tribunal Supremo, por el abogado de Uría y Menéndez, Jesús Remón Peñalver, con el que compartiría días más tarde participación en el Curso de Verano 2013 de la Universidad Complutense al parecer copatrocinado por Santander Universidades».


Otra «casualidad» que no hay que olvidar es el caso del ex juez Baltasar Garzón, quien, después de archivar la querella de Rafael Pérez Escolar por el caso Banesto marchó a Estados Unidos a realizar unos cursos financiados por el Banco Santander. Por cierto, una de las personas que acompañó a Garzón al aeropuerto cuando marchó a Nueva York fue el abogado Manuel Medina, amigo de Ángel Corcóstegui, del juez Fernando Andreu y de la fiscal y ministra de Justicia Dolores Delgado.

Por tanto, en el documento presentado ante la Comisión Europea se hace referencia a una serie de relaciones entre magistrados, jueces y fiscales que podrían ser causa de la presunta corrupción judicial que la ciudadanía y diferentes organizaciones denuncian y que podrían explicar muchas decisiones adoptadas en los tribunales que favorecen a las élites económicas, empresariales y financieras.

Comentarios
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Xavi   |2019-09-23 13:11:14
tenemos una magistratura propia de Mauritania, como mucho
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