Las víctimas del franquismo y su memoria

Manuel de la Rocha Rubí.Nuestro país tiene pendiente una deuda con las víctimas del franquismo. Tras más de 82 años desde el final de la Guerra Civil y 46 años desde la muerte del dictador, sigue pendiente su reconocimiento. Porque de eso se trata con la Ley de Memoria Democrática, de recuperar la memoria de las víctimas del franquismo.Con el golpe militar de julio de 1936 y la Guerra Civil se asesinó a cientos de miles de personas, la mayoría sin juicio, simplemente por haber sido leales a la legalidad republicana.

Todavía hoy, decenas de miles de desaparecidos siguen en fosas comunes y cunetas (el Consejo de Europa informó en 2016 de más de 114.000 víctimas de desaparición forzada), sin que sus familiares conozcan su paradero y sus restos no puedan ser exhumados dignamente. Del mismo modo, hubo decenas de miles de personas que sufrieron represión por la dictadura. Asimismo, miles de niños fueron robados a sus madres y dados en adopción.

La Transición tuvo un loable objetivo, la reconciliación entre los españoles, pero se hizo con olvido de las víctimas del franquismo, sobre las que se extendió un tácito pacto de silencio que las hizo doblemente víctimas: por haber sido asesinadas y por el olvido al que se vieron sometidas.  Su reconocimiento y dignificación era y es un deber moral en la vida política y signo de fortaleza de la democracia. La historia no puede construirse sobre el olvido de las víctimas, sino bajo los principios de verdad, justicia y reparación, que son los únicos que pueden cerrar las heridas que aún permanecen abiertas.

Fue en los años noventa cuando se empezó a promover su reconocimiento por familiares y asociaciones de memoria democrática, exigiendo su localización y el levantamiento de las fosas comunes. Y más tarde interponiendo denuncia ante la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo y perseguir a los responsables de delitos de lesa humanidad. Esa denuncia dio lugar a unas diligencias penales seguidas en el Juzgado Central de Instrucción nº 5 por el juez Garzón, que el Tribunal Supremo archivó, acordando cerrar el tema desde la óptica penal, estableciendo que no cabe investigar judicialmente los crímenes del franquismo, al menos en España, al entender que los delitos están amnistiados y han prescrito, y que la labor ahora es de los historiadores. El Tribunal Constitucional ha mantenido también esta tesis en un reciente auto, aunque con interesantes votos particulares.

En 2007 se aprobó la Ley de Memoria Histórica, promovida por el Gobierno de Zapatero. Fue el primer paso del Parlamento para recuperar la memoria de las víctimas del franquismo. Prudente y moderada, para intentar incorporar a esa tarea a la derecha política española, supuso, entre otras cosas, la aplicación de una partida de los Presupuestos del Estado para exhumaciones y apoyo a las asociaciones de memoria y de víctimas y a las familias, y la apertura de una Oficina de Víctimas del Franquismo y de la Dictadura. Pero la derecha, demasiado condicionada por las raíces franquistas de muchos de sus miembros, se opuso a su aplicación y el Gobierno de Rajoy dejó el presupuesto en cero euros, cerrando la Oficina de Víctimas.

Paralelamente, distintos organismos internacionales sobre derechos humanos han aprobado diversos informes, destacando el del relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, de julio 2014, con importantes recomendaciones al Gobierno de Rajoy sobre los derechos de las víctimas. Valorando la Ley de Memoria Histórica reclamaba políticas públicas a favor de la memoria y recursos presupuestarios públicos para esa finalidad y señalaba que "la asistencia a las víctimas no es un asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y derechos que conciernen a todos".

En este contexto, con un incremento de las demandas de las asociaciones de memoria histórica y avances en muchos ámbitos, singularmente con la aprobación de leyes autonómicas y la retirada del cuerpo del dictador del Valle de los Caídos, el Gobierno ha presentado en el Congreso un Proyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya aprobación va a dar un vuelco a la situación de las víctimas y a su reconocimiento y que, en mi opinión, viene a satisfacer adecuadamente el núcleo central de las reivindicaciones  del movimiento memorialista.

Condena del franquismo y nulidad de las sentencias

El proyecto de ley parte del "repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura franquista", primera vez que una ley de la democracia aborda directamente esta cuestión, y tiene como fundamento y gira sobre el derecho de las víctimas del franquismo a su memoria, a su reconocimiento como tales a través incluso de un Censo Estatal de Víctimas, al conocimiento de la verdad de lo ocurrido y al establecimiento de su justicia y reparación.

Como consecuencia de este enfoque declara radicalmente nulas las condenas y sanciones llevadas a cabo por tribunales y otros órganos del franquismo por motivos políticos, sindicales, ideológicos o de creencia. Conviene recordar que la razón de más peso que alegó ERC para no apoyar la Ley de Memoria Histórica de Zapatero fue precisamente que ésta no declaraba la nulidad de las sentencias (insistieron en el caso Companys), sino sólo su ilegitimidad, lo que ahora sí hace el nuevo proyecto de ley.

Derecho a la verdad  y justicia restaurativa

Muy importante, en mi opinión, es el salto que el nuevo proyecto introduce en el reconocimiento del derecho a la verdad, entendida como "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones" de derechos humanos.  En primer lugar, a partir de ahora el Estado asumirá la búsqueda de los desaparecidos, la exhumación de las fosas y la investigación de lo ocurrido, directamente o en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, así como creando un Banco Estatal de ADN, reivindicación de familiares de las víctimas y de organismos internacionales, y facilitando la investigación en archivos públicos y privados. Ya en los vigentes Presupuestos del Estado existe una significativa partida para estos fines.

Pero además, y frente a la posición del Tribunal Supremo referida a que no cabe investigación judicial sobre hechos acaecidos hace 70 u 80 años, porque no es posible  juzgar a quienes han muerto –la práctica totalidad- y cuyos delitos además habrían prescrito y/o estarían amnistiados, el proyecto de ley crea una Fiscalía de Sala específica e introduce valientemente una vía de investigación judicial con la finalidad de que un juez lleve a cabo una declaración judicial sobre las víctimas, los hechos acaecidos y en su caso los responsables de los asesinatos o torturas, aunque estén muertos. Se trata de una forma de justicia restaurativa, propia de situaciones de esta naturaleza en que han pasado tantos años y no es posible ya juzgar a los victimarios,  que implica la garantía plena del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.

Hay una minoría del movimiento memorialista que considera que sin la derogación de la Ley de Amnistía de 1977 no cabe hacer justicia a las víctimas del franquismo. Discrepo de esa posición por razones políticas y jurídicas. Políticamente, porque esa ley no fue en ningún caso una ley de punto final que se dieran los aparatos de la dictadura a sí mismos. Fuimos las personas de mi generación y de las anteriores, que luchamos contra la dictadura, las que reclamamos en su momento la amnistía y ésta fue fruto de un acuerdo entre el tardofranquismo y los demócratas de toda condición, siendo precisamente Alianza Popular quien no la votó.

Desde el punto de vista jurídico discrepo porque la derogación de la Ley de Amnistía no implicaría que los amnistiados dejaran de serlo. Un principio básico del Derecho Penal ilustrado es el de la irretroactividad de las normas penales desfavorables para los reos. La derogación sólo tendría efectos de futuro, no de pasado.  La vía para hacer justicia a las víctimas ha de ser otra, fundamentalmente la interpretativa, en el sentido de que aquella ley amnistió los delitos que incluye en su articulado, pero no los crímenes de lesa humanidad, conforme a Derecho Penal Internacional y a la doctrina de Núremberg. Ello implica la mediación judicial, hoy cerrada en nuestro país, pero no necesariamente en otros ámbitos internacionales.

Pero además, la ley de amnistía no renuncia ni cierra la puerta a conocer judicialmente la verdad de lo sucedido con  las víctimas. Por eso el proyecto de ley apuesta por la justicia restaurativa, una vía judicial de conocimiento y declaración de esa verdad, aunque no conlleve, porque no cabe, condenas a muertos o, en su caso, a amnistiados.

En la misma perspectiva del conocimiento de la verdad, el proyecto de ley prevé la creación de un Consejo de la Memoria Democrática, como órgano consultivo y de participación de las entidades memorialistas, junto a la Administración y expertos, que a su vez podrá constituir "un grupo de trabajo que elabore un informe para sistematizar la información existente sobre la violación de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura", con la participación de las víctimas y sus familiares. Es, en definitiva y aunque se eluda el nombre, el embrión de una posible Comisión de la Verdad, reclamada también por el relator de la ONU, quien ya señalaba que "este mecanismo podría adoptar diferentes modalidades y formatos".

La nueva norma incluye también importantes medidas en garantía del "deber de memoria", para evitar en el futuro que vuelvan a producirse violaciones de derechos humanos como las que tuvieron lugar con el golpe de Estado y la dictadura, como la retirada de símbolos franquistas en lugares públicos, eliminación de condecoraciones a torturadores y títulos nobiliarios del franquismo, creación de lugares de memoria democrática, resignificación del Valle de los Caídos  y un amplio conjunto de medidas en materia educativa y de formación del profesorado. Y junto a ello, la prohibición en el Código Penal de los actos de exaltación de la sublevación militar o de la dictadura, o de humillación de sus víctimas, y la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo.

La batalla cultural

Para dignificar a las víctimas y cerrar las heridas que aún siguen abiertas es un paso muy importante la aprobación de esta ley, con las mejoras que puedan incorporarse desde el Parlamento. Pero no lo es menos afrontar la batalla cultural que está dando la derecha arrastrada por la extrema derecha, batalla cultural que está presente en la reivindicación de un españolismo rancio, en el intento de quitar del callejero de Madrid a Largo Caballero e Indalecio Prieto, mientras se reincorpora a Millán Astray, y en la continua estigmatización de la historia de la izquierda. Incluso acabamos de oír en la reciente Convención del PP, la voluntad de algunos de sus dirigentes de derogar todo lo que signifique la memoria histórica. La democracia española tiene el deber político y moral de recuperar la memoria de las víctimas del franquismo.

Comentarios
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Anónimo   |2021-10-09 15:45:28
Proyecto de Ley de Memoria Democrática, cuya aprobación va a dar un vuelco a
la situación de las víctimas y a su reconocimiento y que, en mi opinión,
viene a satisfacer adecuadamente el núcleo central de las reivindicaciones del
movimiento memorialista.

El proyecto de ley parte del "repudio y condena
del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura
franquista", primera vez que una ley de la democracia aborda directamente
esta cuestión, y tiene como fundamento y gira sobre el derecho de las víctimas
del franquismo a su memoria, a su reconocimiento como tales a través incluso de
un Censo Estatal de Víctimas, al conocimiento de la verdad de lo ocurrido y al
establecimiento de su justicia y reparación.
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