La personación de Pablo Iglesias en el caso Villarejo se ha vuelto en su contra. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en la conocida como pieza Dina, que pone el foco en el robo del móvil a la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y en cómo su contenido acabó en manos del comisario José Manuel Villarejo.
Ante las contradicciones en las que ha incurrido Iglesias a lo largo de la instrucción, el magistrado pide al alto tribunal que le impute por tres delitos: daños informáticos, descubrimiento de secretos —con agravante de género— y denuncia falsa o simulación de delito.
Fuentes jurídicas explican que el magistrado no ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción antes de acudir al Tribunal Supremo, por lo que el primer pronunciamiento del Ministerio Público llegará por parte de sus representantes en el alto tribunal. En su exposición razonada, el magistrado pide además que se investigue a la propia Bousselham, a su marido Ricardo Sá Ferreira, al abogado de Podemos Raúl Carballedo, a la abogada Marta Flor Núñez y a la vicepresidenta tercera del Congreso Gloria Elizo. En cuanto a los dos primeros, el magistrado quiere que se les impute por falso testimonio, pues sospecha que el vicepresidente ha usado de forma fraudulenta este proceso para intentar sacar algún tipo de ventaja electoral.
"Se trata de una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios. Voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con la ley, las instituciones y limpiar nuestra democracia de basura", lanzó Iglesias ante las cámaras el 27 de marzo de 2019, cuando se personó en el caso. "Se trata de un procedimiento bajo secreto de sumario. Entiendan que hoy no puedo decir nada más". Sin decir nada más, su promesa se convirtió en la carta de presentación de Podemos para las elecciones de abril y noviembre de 2019, a las que concurrieron como los grandes enemigos de las "cloacas del Estado".
Cuando Iglesias hizo estas declaraciones, las pesquisas se centraban en Villarejo y en cómo diversos medios de comunicación habían publicado parte del contenido del móvil de Bousselham, pero el pasado mayo, el juez dio un giro de 180 grados: retiró la condición de perjudicado al líder de Podemos y comenzó a investigar si, tras recuperar la tarjeta del móvil en enero de 2016, había manejado datos personales de su exasesora y destruido la micro-SD antes de devolvérsela. García-Castellón se preparó entonces para remitir el procedimiento al Supremo por la posible comisión de dos delitos por parte de Iglesias: revelación de secretos y daños informáticos, listado al que finalmente se ha sumado el de denuncia falsa o simulación de delito.
La decisión llega después del varapalo que el juez recibió el pasado septiembre, cuando la Sala de lo Pena acordó readmitir a Iglesias como perjudicado en la pieza Dina. Los magistrados se apoyaban para ello en que la publicación en prensa de información que procedía del dispositivo le causó un "quebranto" al vicepresidente, por lo que a García-Castellón no le quedó más remedio que aceptar de nuevo su personación. Pese a ello, la Sala de lo Penal abría también la puerta a que "tales hipótesis alternativas" fueran "investigadas en otro procedimiento distinto por el órgano judicial que ostente la competencia para ello", es decir,el Tribunal Supremo: como aforado, solo el alto tribunal puede imputar a Iglesias, para lo que antes necesita tramitar un suplicatorio en el Congreso.
Los indicios contra Iglesias
Los indicios que acorralan a Iglesias se plasman en la exposición razonada de 63 páginas que García Castellón ha remitido al Supremo. El magistrado destaca en ella que el propio Iglesias reconoció en sede judicial que Antonio Asensio, el presidente del Grupo Zeta, editora de 'Interviú', le devolvió la tarjeta procedente del teléfono de Dina Bousselham en enero de 2016, permitiéndole observar su contenido en la misma redacción de la revista. Teniendo en cuenta este dato, todo apunta a que el líder de Podemos tuvo acceso a la información del móvil robado antes que el propio Villarejo, pues las carpetas que se hallaron en el domicilio del comisario fueron creadas el 14 de abril de 2016 y el 11 de julio de 2016.
“[Iglesias] se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria aun cuando ambos eran personas cercanas (ella había sido su asesora) y el conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015”, explica el juez. Según sostiene, este silencio puede vincularse al hecho de que Iglesias accediera a la tarjeta micro SD y viera capturas de pantalla hechas por la propia Bousselham, que en la Audiencia Nacional reconoció haber enviado a terceros conversaciones privadas que no dejaban en buen lugar al vicepresidente. Sea cual sea el motivo, el uso que pudo hacer Iglesias de la tarjeta en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos.
