Este jueves pasado, último día de abril, unos 400.000 autónomos vieron cómo el Gobierno cobraba de sus cuentas bancarias la cuota de la Seguridad Social correspondiente del mes. Ello pese a que el confinamiento por coronavirus ha obligado a la gran mayoría a bajar la persiana y en vísperas de que se les permita volver a abrir, pero con severas restricciones. Ya ocurrió en marzo, cuando tuvieron que abonar la cuota de ese mes con la promesa de que se les restituirá a mediados de mayo. Lo de abril les será devuelto en junio.
(4 Comentarios)
Las pesquisas sobre la fortuna del campechano en Suiza se han centrado en los intermediarios: su primo Álvaro de Orleans y los fiduciarios suizos Arturo Fasana y Dante Canonica.Eldiario.es afirma que el gestor de la fortuna del rey emérito Arturo Fasana ha confesado los hechos dentro de una investigación secreta de la Fiscalía suiza cuyos detalles aguardan la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.
"Nunca cambia nada, porque cuando los políticos llegan al poder, no hacen nada. Ese es el problema de los socialdemócratas."
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha dicho este jueves que en el plan de transición a la nueva normalidad tras el estado de alarma «no se impone nada a nadie».«El que no se sienta cómodo, que no abra», ha dicho en una entrevista en Radio Nacional, en la que ha insistido en que en lo relativo a los requisitos para reabrir hoteles, cafeterías y restaurantes, se van introduciendo en las distintas fases recomendaciones de aforo y distancia en función de cada superficie y de forma gradual.
El Consejo General de Enfermería de España ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y varios cargos de su departamento (entre ellos Fernando Simón), por un delito contra la seguridad de los trabajadores.
Ayer se cumplieron cien días del Ejecutivo “progre” gobernando este engendro que llamamos España. Cierto que, de los cien días, cuarenta se han vivido bajo los efectos de la pandemia del coronavirus.Este hecho quizá sirve como referencia a la capacidad y, sobre todo, voluntad política que tiene el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de limitar a las élites u oligarquías para favorecer a la clase obrera. En estos cien días han demostrado con creces que dicha voluntad es nula, no existe.
Los ciudadanos hemos aceptado, hasta ahora, la limitación de derechos y libertades que supone el decreto del estado de alarma. El Gobierno ha contado, hasta ahora, incluso con el apoyo del principal partido de la oposición..El miedo a la pandemia, a la muerte, hace que muchos prioricen la seguridad sobre la libertad. Pero esa cesión de derechos debe tener límites muy concretos porque ni siquiera en momentos como los que estamos viviendo se puede amputar el Estado de Derecho en función del fin que se persigue: salvaguardar la salud de la población. El fin no justifica los medios.
No es solo que en España se esté haciendo una gestión pésima de la crisis de la COVID-19 desde el punto de vista sanitario, que desgraciadamente así es (no es casualidad que aquí tengamos la mayor tasa de mortalidad del mundo por esta enfermedad, después incidiremos en este dato), sino que es en donde se está haciendo la peor gestión socio-política de la crisis en Europa. La peor para las clases trabajadoras, seguramente muy útil para los intereses del poder.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguró este miércoles que el Ejecutivo sigue trabajando para permitir levantar el confinamiento lo antes posible a estratos de la población especialmente afectados, como los niños, y se mostró comprensivo con las familias que viven con menores en inmuebles pequeños. "Yo tengo jardín y tengo mucha suerte, y soy consciente de que muchas familias están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros", ejemplificó.
La crisis sanitaria del coronavirus está provocando el recelo de muchas personas hacia los trabajadores que continúan en activo debido a que su labor está considerada esencial o está permitida por el Gobierno. Este es el caso de los empleados de los supermercados, sin los que no habría manera de que estos establecimientos que nos permiten comprar comida funcionasen. Esto, al parecer, no lo entienden un grupo de vecinos de Cartagena, en Murcia, que han pedido a una vecina que trabaja en un supermercado que se vaya a a vivir a otro sitio debido a que por su profesión está más expuesta al virus que otros trabajadores.
